Las reformas a la educación internacional en Australia y la incertidumbre para los estudiantes / International Education Reforms in Australia and the Uncertainty for Students
Translated by Hannah Hains
Image credit: Fidel Fernando via Unsplash
El sector de la educación internacional está cambiando drásticamente en Australia. Los más afectados serán, sin duda, los estudiantes, quienes decidieron invertir en su futuro bajo reglas que hoy están siendo reformadas.
La educación internacional en Australia como industria
Desde 1950 y hasta la década de 1980, la educación internacional en Australia estaba regida por una política de asistencia hacia los países con los que Australia quería reforzar sus relaciones diplomáticas, específicamente en Asia. Durante dicho periodo, se puso énfasis en la formación universitaria de las élites de países en vías de desarrollo, como parte de una política más amplia de relaciones internacionales.
Para 1984, sin embargo, un reporte comisionado por el Ministerio de Relaciones Internacionales al comité presidido por el empresario Sir Gordon Jackson, establecería las bases para una nueva política. Se propuso, en concreto, que “a coincidence of aid and commercial interests can be served without sacrificing the integrity of either.” [es posible hacer coincidir la ayuda internacional y los intereses comerciales sin sacrificar ninguno de estos]. Un año después nacería el Overseas Student Policy, seguido del Policy of the Export of Education Services. Desde entonces, una mirada comercial empezaría a ganar terreno en la educación internacional, siendo esta tratada como una “industria”, un servicio de “exportación” y su valor definido, en buena medida, por su contribución al producto interno bruto del país. Hoy en día, es esta la mirada dominante en la educación internacional en Australia, así como en otros países de habla inglesa.
La comercialización de la educación vino de la mano con un aumento vertiginoso del número de estudiantes internacionales. En 1990 había, aproximadamente, 25 mil, correspondientes al 5,4% del total de estudiantes matriculados. Para el 2020, antes de la Pandemia por COVID-19, esa cifra alcanzó los 460 mil, con una proporción de hasta el 40% de los alumnos en algunas instituciones. A la fecha, Australia es el quinto país del mundo con mayor cantidad de estudiantes internacionales. El sector, en total, contribuyó $AU47,8 mil millones el 2023 al producto interno bruto y se posicionó como la cuarta exportación más importante, luego del hierro, el carbón y el gas natural.
Este crecimiento ha estado acompañado de fuertes debates públicos. Por lo pronto, se ha señalado una progresiva reducción de los fondos públicos al sector universitario, lo que ha vuelto a muchas instituciones financieramente dependientes de la matrícula de estudiantes internacionales. Tal vez más preocupante aún, durante años, diversos reportes han puesto el acento en los problemas de calidad y probidad que enfrenta la educación internacional en el sector técnico-profesional y los programas de inglés para estudiantes internacionales. Esta situación ha llegado a su punto cúlmine hoy en día, con acusaciones abiertas del actual gobierno contra los llamados “dodgy providers”, y varias iniciativas regulatorias que se espera permitan su cierre.
Migración y mercado de la educación
Dentro de todos estos debates, sin duda el más acalorado es aquel relacionado con los temas migratorios; y es que la educación internacional no es solamente un mercado lucrativo, sino también una importante fuente de nuevos trabajadores calificados en los países de destino, incluido Australia.
Desde finales de 1990, las políticas migratorias comenzaron a favorecer de manera significativa a quienes egresaban de instituciones australianas, marcando la emergencia de un fenómeno conocido como el Two-Step Migration: estudiar para luego emigrar. El sector de la educación internacional presentaba, entonces, varias cualidades: la “industria” generaba millonarios ingresos, a la vez que resolvía los problemas de escasez de capital humano y de baja natalidad. Por su parte, el sector se vería significativamente beneficiado, pues se suele considerar que su crecimiento exponencial se debe a estas políticas migratorias.
Sin embargo, existía poco consenso en el debate académico y público sobre la pertinencia de este camino. Un ejemplo controvertido ha sido Bob Birrell, ex presidente del Australian Population Research Institute y fundador de la revista People and Place. Arduo detractor de las políticas que favorecieron la inmigración y crítico punzante del aumento en el número de estudiantes internacionales, los textos de Birrell son un ejemplo de las tensiones que suscita la migración en Australia.
Esta mirada suspicaz sobre la inmigración ha ido en aumento en la opinión pública en los últimos años. Según datos del Lowy Institute, desde 2014 ha crecido progresivamente el porcentaje de personas que considera “demasiado alto” el número de inmigrantes que llegan cada año. A la vez, entre 2016 y 2019 se observó una mayor proporción de encuestados que atribuyen efectos negativos a la inmigración, sobre todo en el mercado laboral e inmobiliario. En definitiva, los vientos de la opinión pública soplan en contra de las políticas que han marcado al sector de la educación internacional en los últimos treinta años.
El periodo de incertidumbre
Australian Prime Minister Anthony Albanese. Image Credit: Australian Government via Wikimedia Commons.
El gobierno actual del primer ministro Anthony Albanese no ha sido indiferente a estos cambios en el ánimo general, y ha establecido una nueva estrategia, cuyo objetivo principal es reducir el número de inmigrantes. Y puesto que la educación internacional es la primera etapa del proceso de Two-Step Migration, fuertes cambios han comenzado a sacudir al sector.
Muchas de estas modificaciones afectarán de manera directa a los estudiantes internacionales actuales y futuros e incluyen: (i) aumento en el costo de las visas, (ii) mayor exigencia en los niveles de inglés y (iii) en su capacidad financiera y (iv) reducción en la edad límite para postular a la Temporary Graduate Visa, siendo estos solo algunos ejemplos. A su vez, otros ajustes a las normas y regulaciones afectarán de manera directa a las instituciones educativas: destacan los límites en el número de estudiantes internacionales permitidos y nuevas condiciones exigibles para participar del sector. Si bien muchos actores han alzado la voz en contra de las sustantivas reformas impulsadas, lo cierto es que hemos entrado en un periodo de grandes cambios e incertidumbre.
Lamentablemente, el mayor impacto lo tendrán los actuales estudiantes internacionales; es decir, aquellos que tomaron la decisión de estudiar en Australia bajo reglas que hoy ya no existen. Por lo pronto, todos los actuales estudiantes que pretendían postular a la Temporary Graduate Visa para recuperar la inversión, y que tendrán más de 35 años al finalizar sus estudios, deberán partir. Muchos se cuestionarán, sin duda, la decisión que han tomado. Para los futuros estudiantes, la situación es menos drástica pero igual de incierta. ¿Cuáles son, en efecto, las oportunidades y limitaciones de estudiar en Australia? Hoy no es posible responder a esta pregunta con claridad.
A pesar de estos impactos negativos, hay cierto consenso entre los actores sobre la necesidad de implementar cambios sobre el sector. En este sentido, una discusión más amplia sobre los objetivos de la educación internacional sería sin duda bienvenida: ¿puede la educación internacional, a la vez, ser una herramienta de cooperación internacional, tener intereses comerciales y ayudar a Australia en sus desafíos en materia migratoria? Y si ello es posible, ¿cómo se lograría el equilibrio necesario entre todos estos objetivos? Estas preguntas podrían, tal vez, dar alivio a un debate hoy demasiado crispado.
The international education sector in Australia is drastically changing, and those most affected will be the students seeking to invest in their future under rules that are currently being reformed.
The International Education Industry in Australia
From 1950 to the 1980s, international education in Australia was governed by a policy of assisting countries with which Australia wanted to strengthen its diplomatic relations, specifically in Asia. During this period, emphasis was placed on providing university education to the elites in developing countries as part of a broader foreign policy strategy.
However, by 1984, a report commissioned by the Minister for Foreign Affairs to a Committee presided by businessman Sir Gordon Jackson, established the base for a new policy. The report specifically proposed “a coincidence of aid and commercial interests can be served without sacrificing the integrity of either”. A year later the Overseas Student Policy was born, following the policy of the Export of Education Services. Since then, a commercial look at international education gained momentum and began to be treated as an “industry”, an “export” service with its value largely defined by its contribution to a country's gross domestic product. Today this remains the dominant view of international education in Australia and other English-speaking countries.
The commercialisation of education went hand in hand with a soaring growth in the number of international students. In 1990 there were approximately 25,000 international students, compromising 5.4 per cent of all students. By 2020, before the COVID-19 pandemic, that figure reached 460,000, comprising up to 40 per cent of all students at some institutions. To date, Australia is the fifth country with the largest number of international students. In total, the sector contributed AUD$47.8 billion to gross domestic product and ranked as the fourth most important export behind iron ore, coal, and natural gas.
This growth has been accompanied by strong public debate. In the meantime, it has been observed that a progressive reduction in public funding to universities has made institutions financially dependent on enrolments from international students. Yet, perhaps more worryingly, various reports over the years have highlighted problems with the quality and integrity of international vocational education and English language programmes for international students. This situation has come to a head today, with open accusations from the current government towards so-called “dodgy providers”, with various regulatory initiatives that are expected to enable their closure.
Migration and the Education Market
Amongst all these debates, notably the most heated is related to migration, as international education is a lucrative market but also an important source of new skilled workers in destination countries, including Australia.
Since the late 1990s, migration policies began to favour those who graduated from Australian institutions, marking the emergence of a phenomenon known as Two-Step Migration: studying and then migrating. The international education sector then had several features: the industry generated millions in revenue while addressing skill shortages and low birth rates. The sector would benefit significantly, with its exponential growth often considered the result of these migration policies.
However, there was little consensus amongst academics and the public on the long-term suitability of this path. One controversial example was Bob Birrell, ex-president of the Australian Population Research Institute and founder of the journal People and Place. A harsh critic of policies that favoured immigration and of the sharp rise in international student numbers, Birrell’s work is an example of the tensions generated by immigration in Australia.
Suspicion towards immigration from the public has risen in recent years. According to data from the Lowy Institute, since 2014 the number of people who consider migrants that arrive annually to be “too high” has grown increasingly. At the same time, between 2016 and 2019, a higher proportion of respondents attributed negative impacts in the labour market and real estate market to immigration. In short, the winds of public opinion have shaped the international education sector over the last thirty years.
The Uncertain Period
The incumbent government under Prime Minister Anthony Albanese hasn’t been indifferent to these changes in public opinion and has established a new strategy with the main objective being to reduce immigration numbers. Since international education is the first step of the Two-Step Migration, major changes have begun to shape the sector.
Many of these changes will directly affect future and current international students. Some of these changes include increased visa costs, higher English proficiency requirements, financial capacity requirements, and a reduction in the age limit for applying for a temporary graduate visa. At the same time, other adjustments to rules and regulations will directly affect educational institutions, such as limits on the number of international students allowed and new conditions for participation in the sector. Although many stakeholders have raised their voices against the substantive reforms, truthfully we have entered a period of great change and uncertainty.
Unfortunately, those impacted the hardest will be current international students, who made the decision to study in Australia under rules that no longer exist today. Meanwhile, those who intended to apply for the Temporary Graduate Visa to recoup their investment, and who will be over 35 years old at the end of their studies, will likely have to leave. Many will undoubtedly question the decision they have made. For future students, the situation is less drastic but still uncertain. What are the opportunities and limitations of studying in Australia? Currently, it’s not possible to respond to this question.
Despite these negative impacts, there is a consensus between stakeholders on the necessity to implement changes in this sector. In this sense, a broader discussion on the objectives of international education would certainly be welcome. Can it be a tool of international cooperation, have commercial interests, and help Australia with its migration challenges? And if this is possible, how do we achieve the necessary balance between these objectives? These questions could perhaps bring relief to a currently tense debate.
Author bio: Cristian Carrère is a consultant specialising in higher education and Technical and Vocational Education and Training (TVET). He is currently based in Australia and provides expertise to educational institutions and government agencies across Latin America.
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The views expressed in this article are those of the author and do not necessarily represent the views or opinions of the Australia Latam Emerging Leaders Dialogue.